La figura se llama «abogados de las víctimas de delitos» y garantiza derechos de las víctimas consagrados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado nacional es parte.
Según el diputado provincial Isaac Lenguaza (Pays), autor de la iniciativa junto con Martín Ayala (también expresidente del Colegio de Abogados), «es la norma que complementa la figura del querellante particular y que posibilitará realmente que las víctimas ejerzan sus derechos en forma igualitaria».
La figura del Querellante Particular en las causas penales se aplica en nuestra provincia desde marzo del 2014, cuando se aprobó el referéndum para la modificación del artículo 21 de la Constitución Provincial.
«Esta figura permite a la víctima -y familiares- de un hecho penal, aportar pruebas y testimonios en los procesos judiciales, intervenir previo al otorgamiento de beneficios como la libertad condicional, apelar la decisión del juez, pedir pena, participar en el debate oral y hasta disentir con el fiscal, entre otras prerrogativas. El abogado de la víctima posibilitará que todos los ciudadanos puedan ejercer estos derechos por igual, tengan o no la plata para pagar» explicó Lenguaza, que espera convencer a sus pares sobre la trascendencia de la propuesta.
Qué dice el proyecto de Ley
El proyecto crea un cuerpo especializado de abogados que estará a disposición de las víctimas de delitos en un registro especial manejado por el STJ y el Colegio de Abogados de Misiones. A diferencia de lo que ocurre en otras provincias, estos abogados especializados no serán empleados del Estado, sino que cobrarán honorarios pagados por el Poder Judicial sólo por sus actuaciones al asumir la representación.
Podrán acceder a este servicio jurídico las víctimas que puedan ser querellantes y que no se encuentren en condiciones económicas de pagar un abogado particular.
Los abogados que se anoten deberán acreditar especialización en materia penal y tendrán todas las responsabilidades profesionales comunes a los letrados en ejercicio.
También se prevé que las víctimas sean obligatoriamente informadas de la posibilidad del patrocinio gratuito al inicio de la causa, lo que les posibilitará actuar desde el arranque en el expediente.
«Yo estuve ahí»
El legislador y expresidente del Colegio de Abogados había participado activamente en la creación de la figura del querellante particular junto a familiares de crímenes impunes en Misiones por casos tan resonados como el crimen de Marilin Bárbaro, entre otros. Compartió esa militancia por el derecho a participar junto a los recordados Ticha Bárbaro y el obispo emérito Joaquín Piña.
Más allá de su rol en la institución que nuclea a los abogados, su compromiso con la justicia surgió muchos años antes, cuando su familia sufrió la perdida de un ser querido tras un crimen aberrante. «En ese tiempo las víctimas y las familias no teníamos ni plata ni herramientas para impulsar las investigaciones que llevaban años sin culpables. Yo pasé por eso y espero que nadie más tenga que padecer esa impotencia» finalizó.