El proyecto de Ley modifica el artículo 2º de la Ley 25.465, para que los recursos del 80% de la recaudación del Fondo Especial del Tabaco sean transferidos mensualmente y en forma automática por el Banco de la Nación Argentina a las provincias productoras de Tabaco, aplicando los respectivos coeficientes de distribución.
La iniciativa, que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación con el número de expediente 5523-D-2020, lleva las firmas de los legisladores Héctor Orlando Bárbaro (Misiones); María Carolina Moisés (Jujuy); Aldo Adolfo Leiva (Chaco); Lucas Godoy (Salta); Nilda Mabel Carrizo (Tucumán); Pablo Raúl Yedlin (Tucumán); Julio Ferreyra (Jujuy); Jorge Rizzotti (Jujuy); Ricardo Wellbach (Misiones); Flavia Morales (Misiones); Diego Horacio Sartori (Misiones); Luis Pastori (Misiones); Alfredo Schiavoni (Misiones); José Cano (Tucumán); Estela Mercedes Regidor Belledone (Corrientes); Virginia Cornejo (Salta); José Arnaldo Ruiz Aragón (Corrientes) y Jorge Antonio Romero (Corrientes).
El diputado nacional Bárbaro ofició de coordinador para la redacción conjunta que contó con los aportes técnicos de la Cámara del Tabaco de Jujuy, la Cámara del Tabaco de Salta, la Asociación de Plantadores de Tabaco de Misiones, la Cámara del Tabaco de Misiones, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones, la Cámara del Tabaco de Tucumán y la Cámara del Tabaco de Corrientes.
“La iniciativa refleja un largo anhelo y reclamo de las provincias tabacaleras, no tiene impacto presupuestario por tratarse de fondos de afectación específica extrapresupuestarios y representa un ejercicio activo del federalismo por el que bregamos todos, más allá de nuestras pertenencias a distintos espacios políticos”, coincidieron los legisladores.
De aprobarse la transferencia automática de los recursos del FET, se evitarán los actuales problemas surgidos por los retrasos burocráticos que perjudican a los productores, ya que se afectan los pagos del precio que se abona con esos fondos; la financiación de la cobertura de salud, la asistencia por afectaciones climáticas, etc; retrasos que además generan un impacto por inflación y suelen derivar en conflictividad social con cortes de ruta y manifestaciones.