En respuesta a la polémica que generó durante el fin de semana el aumento salarial para la cúpula del Ejecutivo nacional autorizada por el presidente Javier Milei de 48%, a través del Boletín Oficial y bajo el Decreto 235/2024, el Gobierno oficializó la marcha atrás con el incremento y el congelamiento de los salarios del Poder Ejecutivo.
Con el Decreto, según consigna el Boletín Oficial, el Gobierno busca estabilizar las finanzas públicas y enfrentar la crisis económica que aqueja al país, por lo que «ha tomado medidas decisivas para reducir el gasto estatal«. En este contexto, se promulgó una modificación en las retribuciones de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo Nacional, «con el firme propósito de contribuir a la recuperación económica y garantizar la equidad en los sacrificios que la coyuntura demanda».
La letra chica de la medida
- Derogación del artículo 4° del Decreto N.º 206/24: este artículo, que contemplaba un incremento salarial para las Autoridades Superiores, queda derogado, «reflejando la voluntad del Gobierno de contener los gastos y hacer frente a la realidad económica del país«, sostiene el texto oficial.
- Fijación de retribuciones a los montos del 31 de diciembre de 2023: en línea con la política de austeridad y responsabilidad fiscal, «se establece que las retribuciones de estas autoridades se mantendrán en los niveles vigentes al cierre del año anterior».
- Limitación de futuras modificaciones salariales: se establece que cualquier ajuste en las retribuciones de las Autoridades Superiores «no podrá realizarse en el marco de la negociación colectiva de trabajo» para la Administración Pública Nacional, a menos que exista una disposición expresa que lo permita.
- Creación de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público: dicha comisión tendrá la tarea de dictar normas aclaratorias y complementarias para garantizar la aplicación efectiva de las medidas adoptadas.
Asimismo, sostiene el texto que, estas medidas entrarán en vigor a partir del 1° de febrero de 2024, con el objetivo de asegurar una gestión responsable de los recursos públicos y avanzar hacia la recuperación económica.
Por último, el Gobierno reconoció que estas decisiones pueden generar controversia, pero enfatiza la necesidad de adoptar acciones firmes y equitativas en tiempos de crisis, por lo que hace un llamado a la solidaridad y al compromiso de todos los sectores de la sociedad, «para la construcción de un futuro próspero para Argentina«.
La norma lleva, al igual que el decreto que homologó la suba del salario (48%) para el Ejecutivo, la firma de Javier Milei y del jefe de Gabinete, Nicolas Posse.