“Los trabajadores en todos los casos desempeñan tareas que son indispensables para garantizar el funcionamiento de todas las áreas del Estado, independientemente de cuál sea la modalidad de su vínculo contractual”, aseguró. La conducción nacional se movilizará a partir de las 11 en Talcahuano y Lavalle de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, frente al Palacio de Justicia de la Nación. En el resto de las provincias, la jornada se desarrollará con paros, movilizaciones, asambleas y cortes de ruta.
En este marco, Aguiar señaló: “Los estatales vamos a profundizar nuestro plan de lucha. No se nos podrá acusar de atentar contra la gobernabilidad. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno”.
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“Si el Gobierno avanza con estas cesantías, de manera directa se estará afectando a los trabajadores y familias, pero indirectamente la perjudicada será toda la comunidad. En el Estado cualquier despido se traduce en una pérdida de derechos para todo nuestro pueblo”, indicó el dirigente.
Además de los despidos, el Gobierno renovaría tan solo por 90 días los contratados de forma irregular. En este sentido, Aguiar apuntó: “La agresión a los estatales es tan grave que hasta quieren poner en disponibilidad a más de 70 mil trabajadores. Renovar los contratos solamente por un plazo de tres meses nos coloca frente a un estado de máxima precarización. En la Administración Pública cuesta encontrar antecedentes de un ataque de tal magnitud a los derechos laborales”.
En el marco de la movilización en la que también participaron las tres centrales sindicales (la CGT y las dos CTA), ATE también exigió:
• Cese de las políticas de ajuste;
• Pago de los salarios y del Sueldo Anual Complementario en tiempo y forma;
• Urgente reapertura de paritarias y aumento salarial que supere la inflación;
• Pase a planta permanente de todos los trabajadores y estabilidad laboral;
• Rechazo a la aplicación del Protocolo Anti movilizaciones que intenta cercenar el derecho a peticionar a las autoridades.
• Dar marcha atrás al intento de privatización de las empresas públicas;
• Que se mantenga la devolución del IVA en las compras de productos esenciales;
• Que no se restituya el Impuesto a las Ganancias.