Lo afirmó el diputado y expresidente del Colegio de Abogados de Misiones, Isaac Lenguaza, al pedir a la Legislatura una declaración en defensa de los pasajeros y la prensa.
Tras ser publicada la estrategia del Grupo Z con las cartas documento contra PRIMERA EDICIÓN, y la demanda sumarísima de Casimiro Zbikoski SA, que pretende sentar un peligroso antecedente judicial que atenta gravemente contra la libertad de expresión; el diputado provincial Isaac Lenguaza promovió un pedido para que la Cámara de Representantes de Misiones se exprese contra el accionar del concesionario del transporte público de pasajeros.
Cabe recordar que, desde hace una semana, el juez Civil y Comercial Nº5 de Posadas, Fernando Marcelo Adrián Escalante debe decidir si admite la pretensión del Grupo Z o le pone un límite.
“Particularmente, habría interés en silenciar los cuestionamientos que nos hacemos todos por la falta de transparencia en torno a la recaudación (dato que determina el valor del boleto para poder viajar que afecta en forma directa a la economía y el goce pleno de los derechos de miles de familias), y contra su calidad de cuasi monopolio que prácticamente coloca en calidad de rehenes a los pasajeros de las localidades de Posadas, Garupá, Candelaria y Parada Leis, quienes no tienen más opción que utilizar los servicios de esta firma al carecer de una alternativa o competencia que regule y mejore la oferta”, sostuvo el diputado Lenguaza en el texto remitido a sus pares diputados.
El además expresidente del Colegio de Abogados de Misiones y extitular de la Federación Argentina de Colegios de Abogados regional NEA afirmó que “esta situación denunciada no nos puede pasar desapercibida” ya que implica “… afectaciones a principios y valores democráticos que tenemos la obligación de preservar desde esta Legislatura, así como a derechos que deben estar plenamente vigentes y asequibles para todos los ciudadanos”.
Alerta institucional
Isaac Lenguaza aseguró que “como legisladores, debemos ponernos en alerta cuando se advierte una lesión a la libertad de expresión, que es la suma de estos principios, valores y derechos sobre los que se construyen los pilares de la democracia. Defendemos la libertad de expresión cuando se ejerce en el marco de las prerrogativas y de los límites que la propia legislación y la Constitución establecen, que es el caso de PRIMERA EDICIÓN”.
Sostuvo que también se debe defender el derecho a la información pública. “Sobre todo, quiero hacer hincapié en las obligaciones que en torno a la información pública tienen algunas empresas privadas que voluntariamente se exponen a un mayor escrutinio al encontrar su nicho de negocios en la prestación de servicios públicos, obligación que estaría siendo abiertamente violada por la empresa Casimiro Zbikoski SA. Nuestra provincia adhirió a los principios del acceso a la información pública a través de la ley IV N° 58. Las empresas como Casimiro Zbikoski SA son sujetos alcanzados según el artículo 1°. Pero la obligación va más allá de contestar los requerimientos, ya que el Estado y las firmas como Casimiro Zbikoski SA deben ejercer la transparencia activa. Este principio, consagrado internacionalmente, implica un deber básico de máxima divulgación, publicidad y transparencia que deben cumplir los sujetos obligados. En otras palabras: como Casimiro Zbikoski SA brinda un servicio público, tiene la obligación de ser transparente en su accionar y en sus finanzas, en su conformación societaria y en sus ganancias, en las inversiones que realiza en Misiones y en otros lugares del país. Y no sólo tiene el deber de transparentar todos sus manejos, sino que además debe divulgarlos y darles máxima publicidad”, dijo el legislador.
Concluyó que el accionar del Grupo Z mediante sus cartas documento y la demanda ante el juez Escalante no van por ese camino. “Todo lo contrario es lo que aparentemente buscan con el amedrentamiento legal que denuncia PRIMERA EDICIÓN”, aseveró en el proyecto presentado.
Se multiplican las críticas en las redes sociales
Los usuarios no se callan. Las quejas se multiplican en las redes sociales, ante la ausencia de controles estatales (nacionales, provinciales o municipales) y alguien que se anime a hacer cumplir las obligaciones que le caben al prestatario del transporte público de pasajeros.
Ante cada publicación periodística sobre la estrategia del Grupo Z para acallar voces críticas, con el último paso dado ante el juez Escalante contra el pedido de organizaciones y del diputado Lenguaza para que se implemente le SUBE nacional en Misiones; los reclamos se hicieron ver de a decenas.
Expresiones de apoyo a quienes canalizan los pedidos ciudadanos, cuestionamientos a las representaciones políticas, pedidos de mejoras en las condiciones en las que se viaja, fueron algunas de las manifestaciones que cosecharon apoyos de otros lectores en las redes sociales.
Lamentablemente pasan los años de la “eterna” concesión del Grupo Z de los servicios urbano y metropolitano sin que se escuchen, atiendan y solucionen los pedidos de quienes no tienen otra alternativa para viajar.
Para algunos funcionarios, dirigentes hasta integrantes del Poder Judicial, puede resultar más fácil atacar al mensajero que conseguir un servicio adecuado a las tarifas que se deben abonar.
Por esa razón se puede entender que las redes sociales se “inunden” de mensajes desesperanzados, de quienes no ven en los Gobiernos un representante capaz de provocar un cambio en beneficio de los usuarios.
De hecho, en varios comentarios se preguntan quién es el Defensor del Pueblo de Posadas (que es Alberto Penayo electo con el voto de los posadeños), al reclamarle una postura de defensa a la libertad de expresión de los usuarios y la prensa.
La del diputado provincial Isaac Lenguaza otra vez es la única voz con el coraje de plantarse ante un poder económico que avanza sobre derechos constitucionales de los habitantes.