El lanzamiento de la nueva versión del programa Precios Cuidados en el NEA dejó ver que aunque el gobierno nacional insiste en su premisa de dar absoluta prioridad a la lucha contra el hambre y la pobreza, en la región con los indicadores sociales más complicados, y los salarios más bajos, los precios del programa serán 8% más caros. La situación no es novedad, ciertamente, y por lo menos en parte habría que cargarla a la cuenta de las asimetrías que vienen de arrastre y perjudican a los consumidores, y aún a los comerciantes, de la región. La paradoja que implica este diferencial con sentido redistributivo al revés, igualmente, es conocida y no se advierte que se le preste la debida atención. Aparentemente, la distorsión no es visible desde los niveles en que se toman las decisiones y el diagnóstico de las causas –punto de partida para cualquier intento de solución- nunca se termina de plantear con claridad. En tanto, la secretaria deComercio Interior de la Nación, Paula Español, en la conferencia de prensa tras el lanzamiento del programa, dijo que de los 310 productos anunciados, solo se mantienen 70 de la gestión anterior, que “era más una plataforma de productos que una canasta quenos ofreciera una referencia de precios”. Destacó en ese sentido, que el programa será “anual con una revisión trimestral” y precisó que de los 240 productos que ingresan todos mantienen su precio y algunos lo reducen hasta un 30%”. Dejó así en evidencia que los niveles de precios pueden adecuarse a los objetivos y ser revisados, aunque no se incluiría entre los objetivos del Programa limar las diferencias regionales, aún en casos difíciles de explicar, como que los paquetes de yerba mate -, producto misionero por excelencia- figuren con precios hasta 10 pesos más baratos en los listados de Buenos Aires. Desde el gobierno provincial se suelen moderar las situaciones más críticas con soluciones de corto plazo, bajando fondos propios donde el aporte nacional no llega, como ocurrió con la multiplicación de los programas Ahora en la gestión de Passalacqua. Ayer, el gobernador Herrera Ahuad hizo lo propio, al anunciar que en enero y febrero la Provincia se hará cargo del costo de la tarifa social de energía, que pagan miles de misioneros, como lo venía haciendo, mientras la Nación se toma su tiempo para contestar al pedido de financiamiento nacional que el día anterior efectuó elmismo gobernador al ministro de Producción Matías Kulfas.
Tarifa en disputa
Según el matutino colega Primera Edición, el Gobierno provincial invertirá 150 millones de pesos para sostener la tarifa que en Misiones es importante para los sectoresmás vulnerables. Cabe recordar que en 2018, cuando se vivían los embates del “sinceramiento” que aplicó el macrismo en el sector eléctrico, y la Nación dejó de sostener la tarifa social, la empresa eléctrica provincial tuvo que desistir, por la presión de los usuarios, de la readecuación que buscaba implementar y la Provincia sacrificó el VAD, (Valor Agregado de Distribución) para calmar la crisis. En esa oportunidad, la Provincia tuvo que enfrentar desde el Ministerio de Energía que conducía Sergio Lanziani la estrategia evasiva del gobierno de Cambiemos, consistente en poner obstáculos técnico-administrativos para dificultar la aplicación plena de la tarifa en las provincias. En los inicios de un ciclo político que busca poner de pie a los sectores más postergados por el modelo excluyente anterior, se hubiera esperado que el pedido de Herrera Ahuad tuviera u trámite más expeditivo. La tarifa social también es conceptualmente un precio cuidado, y un aporte nacional a su sostenimiento en la provincia, y la región, sería una señal coherente con el rumbo que se quiere dar al país