martes, junio 18, 2024

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Un documento de la Agencia Nacional de Discapacidad dispone frenar el beneficio para los menores sin “incapacidad laboral”.

De acuerdo al paper interno, la Agencia ordenó revisar los expedientes de menores que tendrían que cobrar el beneficio. Además, les pondrán mayores condiciones a quienes sufren enfermedades graves como cáncer o HIV.
El Gobierno, que había avanzado en dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad hasta que lo frenó un fallo judicial, vuelve a la carga. En este caso, se conoció un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad que ordena separar los expedientes de menores de edad que tendrían que cobrar pensiones. 
Según señaló una fuente de la Agencia al portal Nuestras Voces, el criterio para frenar las pensiones a niños y niñas con discapacidad es que «no tienen incapacidad laboral». El mismo instructivo pone mayores condiciones para personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson, entre otros. También van a revisar sus bienes. Según la denuncia de los delegados de ATE, al frenar los expedientes se quedarán si cobrar sus pensiones que ya estaban por ser otorgadas a unas 20 mil personas.
El documento interno no lleva firma ni membrete. Simplemente, señala que comienza una «revisión de expedientes en resoluciones». El texto comenzó a circular el 25 de enero entre los trabajadores de la Agencia. Los instruía a tomar medidas sobre los expedientes en tránsito para otorgar pensiones. 
La orden: elaboración de listado y a la espera de definiciones.
Les ordena que las liquidaciones a los menores deberán separarse y elaborar un listado de todos los menores de edad. Una fuente interna señaló a los periodistas de sitio web que «momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones», lo que implica que aquellos que iniciaron el trámite no recibirán en lo inmediato las pensiones. Según señaló esa fuente, es porque como son niños «no tienen incapacidad laboral».
En el resto de los casos, sostuvo que se debían volver a revisar los expedientes por parte del equipo médico de la Agencia. Ordena enviar «a la oficina 32» (de la sede en Hipólito Yrigoyen 1447) un total de 20 mil expedientes, que deberán ser revisados por un plantel de cinco médicos. El resultado es previsible: la demora de la entrega de las pensiones. 
En el documento revelado por el portal también se detallan nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Unico de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.
En el documento se indica que se van a revisar estas personas en base al «equipo Sintys», que es Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Esto implica que van a ver si tienen bienes y los pueden excluir.
Parecería ser que se siguen buscando vías para recortar las pensiones a las personas con discapacidad. El instructivo interno sostiene que pasarán directamente al área de resoluciones aquellas personas que estén bajo curatela (son aquellos con firma de un juez por insania) y aquellos cuyas patologías estén acompañadas del CMO y el CUD. En los hechos, esto pone un freno a que se otorguen 20 mil pensiones, que desde hace un año están esperando para ser otorgadas. El retraso para estas personas podría ser de tres años más. 
El secretario general de ATE Pensiones, Walter Pignataro, señaló que el Gobierno «va a dar de baja miles y miles de pensiones con guante quirúrgico, de a poquito» y alertó que con esa actitud viola la Convención Internacional sobre los derechos de personas con discapacidad. Por su parte, el asesor tutelar de Cámara, Gustavo Moreno, indicó a este diario que «cualquier definición que implique disminuir cualquier tipo de rubros para niños y niñas va en contra, en términos de derecho humanitario, de la lógica de no regresividad. Si se conquistó un estándar mínimo para los chicos, no puede ser reducido». 
(Fuente: Página12)

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