El reclamo se hace oír nuevamente por parte de familiares de personas con discapacidad, a las que no se les respetan los lugares que les corresponden en las unidades públicas, tanto de corta, media y larga distancia en el país.
A raíz de ello, el diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social), se reunió con el Defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo, y la ministra de Derechos Humanos, Lilia Marchesini para pedirles su intervención, y gestionar soluciones para los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad.
"Recibimos muchas quejas de los familiares con atropellos que incluyen bajar del transporte a los discapacitados; algunos pudieron presentar recursos de amparos, pero lo cierto es que mayoría se sienten indefensos. Por eso elaboramos un nuevo Proyecto de Comunicación; hicimos uno en el 2016 (que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de Derechos Humanos, Municipales y Juicio Político), donde planteábamos nuestra preocupación por visualizar las normas, para que a ningún discapacitado ni discapacitada se le vulnere su posibilidad de tener una vida integral y plena.
También presentamos el reclamo por nota a la Defensoría del Pueblo de Posadas, a la Subsecretaría de Transporte, al Ministerio de Derechos Humanos y al Consejo de Discapacidad, reclamando por el incumplimiento de las leyes en el transporte público relacionadas con personas con capacidades diferentes", remarca Sereno.
Sanciones para empresas que no cumplen con la Ley
En el Proyecto de Comunicación presentado a la Legislatura, el PAyS solicita que el Poder Ejecutivo -con respecto a la Ley Nacional 22.431 y la Provincial XIX, Nro 23 de Régimen de Promoción Integral de las Personas con Discapacidad- gestione a través de los organismos correspondientes, las medidas pertinentes para la efectiva aplicación y cumplimiento de la norma en la provincia, "caso contrario que se implementen las sanciones correspondientes a las empresas que no cumplan con la norma establecida".
Entre los fundamentos, Sereno detalla que su bloque elaboró este Proyecto, debido a las reiteradas denuncias, amparos y quejas que "recibimos por parte de las personas que sienten sus derechos vulnerados y que por distintas razones infundadas, no pueden viajar de manera gratuita, y con algún acompañante si así lo requirieren", expresa el autor del Proyecto, y al que acompañan sus pares de bloque, los diputados Carlos Goring, Giuliana Perini e Isaac Lenguaza.
Denuncias reiteradas.
Los reclamos que realizan los discapacitados van desde la denuncia ante el Inadi por discriminación, amparos ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y también se realizaron denuncias públicas, ya que "no solo se les niega la gratuidad del transporte, sino que por el reclamo de los usuarios beneficiarios de dicho derecho, desde las empresas se los maltrata, e inclusive se atreven a llamar a la seguridad o policía provincial para que retiren a las personas que intentan hacer ejercer un derecho otorgado, solicitando información de la norma que establece el beneficio".
La Ley 22.431 de Sistema de Protección Integral de los Discapacitados "pretende ser clara y por eso la aplicación de la misma solo pide requisitos que son emitidos por el Ministerio de Desarrollo Social, como el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y se articula con la CNRT y el Incucai, para asegurar que este derecho sea ejercido por los y las beneficiarias de manera directa", subraya el diputado.
Normas que plantean la integración.
La norma también establece que las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán transportar gratuitamente a las personas con discapacidad, en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que deban concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su plena integración social.
Misiones fue y es pionera en tanto a la regulación a través de normas provinciales para la promoción de las personas con discapacidad como es el caso de la Ley Integral de la Persona con Discapacidad donde plantea el régimen de viviendas y el cupo laboral para discapacitados, inclusive el 2017 fue declarado por la Legislatura Provincial de como el año de las personas con discapacidad por una sociedad inclusiva e integrada.
"Esperamos que tantas legislaciones de índole nacional y provincial no sean meramente declarativas, sino que las normas que llevan más de 20 años de vigencia, y que plantean la integración de las personas discapacitadas, reconociendo y respetando el derecho a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional, así como su participación en la vida de la comunidad sean respetadas, y de no ser así que se cumplan las sanciones correspondientes a las empresas que cometen atropellos", indica la iniciativa del presidente del Bloque de Diputados del PAyS, Martín Sereno.
(Por Yamisiones)