La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde tramita la causa en la que se investiga a la tripulación del avión de la empresa venezolana Emtrasur.
La Agencia Federal de Inteligencia denunció ante la justicia a los diputados nacionales Gerardo Milman y Ricardo López Murphy, a quienes acusó de haber revelado nombres y cargos de agentes de inteligencia y haberlos puesto en peligro, informaron fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada ante el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena, donde tramita la causa en la que se investiga a la tripulación del avión de la empresa venezolana Emtrasur que llegó a la Argentina el 6 de junio pasado.
Lo que se denuncia es que una presentación judicial realizada en ese expediente fue reproducida, íntegra, por medios de comunicación, lo que expuso cargos e identidades de agentes, según pudo reconstruir Télam.
La revelación del nombre de un agente «afecta directamente su función», el desenvolvimiento de las tareas del organismo y el ámbito de la seguridad e intimidad de sus vidas privadas, explicó una fuente al tanto de la presentación.
En la denuncia se indicó que la difusión de esa información puede exponer parte de la estructura organizativa de la AFI, lo que hace públicos los intereses estratégicos del organismo y atenta contra la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación.
La denuncia apunta también contra el consultor aeronáutico Franco Rinaldi, el tercero de los firmantes de aquella presentación que hicieron Milman y López Murphy el 5 de julio en la causa del avión, con el patrocinio de los abogados Yamil Darío Santoro y María Eugenia Talerico.
El diputado Milman, uno de los denunciados, es integrante de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y fue titular de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación que tiene idéntica normativa que la AFI en cuanto a la reserva de su estructura y personal.
Fuentes judiciales señalaron que en la denuncia se resalta que la autoría penal por los hechos no es de quienes la hubieran publicado en medios periodísticos, publicación periodística ni tampoco se busca limitar el ejercicio de esa función y el derecho a la expresión.