En la última sesión de agosto de la Cámara de Representantes, el diputado Isaac Lenguaza (PAyS) ingresó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer detalles del fideicomiso que maneja el Sistema Integrado de Transporte (SITM) en manos del Grupo Z.
Sin embargo, por decisión de la mayoría renovadora, el proyecto “duerme” en las pilas de expedientes de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, que preside Roque Gervasoni.
Si bien el mismo día que ingresó el proyecto -con apoyo de toda la bancada del PAyS- se acompañó el pedido de “tratamiento preferencial”, en la Comisión no le dieron dictamen (ni a favor de conocer los datos o por el rechazo) y lo “durmieron” bajo el argumento que “sigue en análisis”. En las reuniones de ese espacio de debate legislativo, apenas se lo menciona por el número del expediente y nada más.
Información “sensible”
Los diputados del PAyS quieren que se informen los “montos totales ingresados al Fideicomiso de Administración Decreto 171/2007 en los años 2016-2017-2018-2019 y 2020 como aportes (subsidios) de origen nacional, provincial o municipal”.
También “los montos egresados del Fideicomiso de Administración Decreto 171/2007 y distribuidos entre las empresas Casimiro Zbikoski SA, Nuestra Señora del Rosario SRL, Nuestra Señora del Rosario SA, Tipoka SA y Bencivenga SA en este lapso de tiempo”.
Lenguaza y sus compañeros de bloque explicaron que “particularmente nos interesa conocer -con documentación- el aval de cada decisión tomada en torno de los subsidios provinciales al SITM desde 2016 en adelante, porque de la poca información que se puede conseguir en Internet, surgen dudas y detalles que no cierran”.
Más subsidios hasta diciembre
La solicitud de los legisladores de la oposición toma mayor relevancia, ya que la Nación acaba de ratificar la remisión de millonarias subsidios a las empresas del SITM.
El bloque del PAyS planteó la necesidad de conocer el uso de los recursos públicos, poniendo énfasis en los ingresos y pagos del fideicomiso provincial con millonarios fondos que terminan en las cuentas del Grupo Z en subvenciones estatales.
A diferencia de lo que sucede con el reparto de los subsidios nacionales que se publican frecuentemente, con detalle de empresas y cifras en la página web de la Presidencia, en Misiones no existe la posibilidad de saber fácilmente como ciudadanos de esos movimientos.
Más allá del desconocimiento sobre las cifras, el debate de fondo que se revive en el proyecto de Lenguaza, sigue siendo el control sobre las bases de cálculo: la cantidad de pasajeros transportados, de unidades que prestan los distintos recorridos, de los kilómetros que hacen en las frecuencias, de choferes registrados, de boletos vendidos, entre otras cuestiones.
A falta de implementación de la SUBE Nacional -que permitiría conocer ese detalle y dar beneficios a los pasajeros-, han sido frecuentes los proyectos en igual sentido que lamentablemente no obtuvieron respuestas.
Lenguaza con sus colegas del PAyS manifestaron en los fundamentos del pedido de informes la “preocupación por el accionar de este grupo empresario que concentra las quejas y reclamos de la población por la cuestionable calidad del servicio público que brinda, y que además, según se supo públicamente, es capaz de boicotear, atacar colectivos, someter a los pasajeros y choferes a situaciones de peligro y perjudicar a otras prestadoras en una suerte de recurso mafioso que buscaría anular la competencia. Todas estas acciones ya no tienen lugar en nuestra comunidad y en estos tiempos. Ya no se pueden tolerar”.
Para Gervasoni es “una pelea entre Bencivenga y el Grupo Z”
El presidente de la comisión, Roque Gervasoni, sostuvo para cuestionar el proyecto de Lenguaza que “la disputa entre Bencivenga y el Grupo Z es ajena a nosotros”.
En una abierta defensa al Grupo Z dijo: “Nosotros no subsidiamos a las empresas, subsidiamos a los usuarios. Si está en contra de eso lo podemos charlar. Las estaciones de transferencia las construyeron las empresas y el Estado cedió los terrenos. El recambio de móviles, ingresaron 50 con mantenimiento de ellos”.
“Yo me acuerdo que viajaba en el 24 de la Línea Blanco iba mirando el piso porque tenía agujero. Pero eso ha cambiado mucho gracias al Sistema y volver atrás es imposible, sería retroceder en el tiempo”, rechazando el pedido mayoritario de competencia y mejoras.
También dijo que la SUBE Nacional no le conviene a Misiones y culpó a la Nación por no comprar las máquinas para que funcione en toda la provincia.
“Acá no se oculta nada. El sistema SUBE de cualquier jurisdicción no constituye un sistema de control de recaudación sino un sistema de percepción tarifaria. (…) En 2017, el entonces intendente Joaquín Losada, había iniciado los trámites para la SUBE Nacional pero el problema es que ese sistema no tiene la cantidad de máquinas que nosotros necesitamos y no se puede hacer de manera parcial. La única traba es que el Estado nacional se interese y provea las máquinas. Esto no es garantía que vayamos a tener los beneficios que tenemos hoy en Misiones. No hay normativa que obligue a Posadas a tener la SUBE Nacional”, aseveró.
Finalmente, sostuvo: “Cuando la gente reclama que quiere saber datos, tiene el Acceso a la Información Pública. Porque la información es pública y transparente. La gente debe acercarse y solicitarlo”, sugirió a Lenguaza pero no aceptó aprobar el pedido de informes y lo “cajoneó”.