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ABORTO LEGAL. El debate, la postura de altos funcionarios y el recuerdo del veto de Macri .

Pese a que desde el oficialismo aseguraron que el presidente de la Nación impulsó el debate, algunos altos funcionarios no dudaron en mostrarse en contra del proyecto.

Marcos Peña, jefe de Gabinete, aseguró  en Telefe que no está «a favor de la despenalización pero entiendo la complejidad del tema. Me cuesta abstraerme de la imagen de escuchar el corazón de mis hijos a las 6,7 semanas pero entiendo que hay que salir de la creencia y mirar la problemática general». Sin embargo, no le cerró las puertas al debate y negó que se genere un conflicto con la Iglesia, la cual ya manifestó duras críticas.

Dentro del escalafón de altos funcionarios, el segundo de Peña, Mario Quintana, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley; el de Trabajo, Jorge Triaca; y el de Interior, Rogelio Frigerio se manifestaron en contra de la interrupción legal del embarazo, al igual que Oscar Aguad (Defensa), Patricia Bullrich (Seguridad), Miguel Etchevehere (Agroindustria), el canciller Jorge Faurie y Guillermo Dietrich (Transporte), según reconstruyó el diario Clarín.

En el Congreso, donde se dará el debate, Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, está en contra al igual que Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. El oficialismo asegura que en la Cámara Baja sólo un 20% está a favor de la despenalización mientras que el 80% de sus diputados se manifestará en contra. Lo mismo consideran que ocurrirá en el Senado, donde la mayoría irá por el no al aborto legal.

Posturas a favor.

Quienes se manifestaron a favor fueron el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, Adolfo Rubinstein, de Salud, Juan José Aranguren, de Energía, y Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, entre otros. El primero argumentó que «los abortos ocurren de hecho, lo que debemos evitar es la profunda asimetría entre mujeres ricas y pobres». Por eso, dijo a Radio Con Vos, «si bien la vida empieza con la concepción, las características como persona aparecen más adelante», por lo cual afirmó: «Estoy a favor de la despenalización del aborto».

Por su parte, el titular de la cartera de Salud sostuvo que «está demostrado que en los países donde el aborto es legal la cifra de abortos que se hacen no es mayor que la de los países donde es ilegal, es decir, no aumentan por ser legales. La gran diferencia es que en esos países se ha reducido drásticamente la mortalidad materna».

En tanto, el Ministro de Energía manifestó que «una respuesta por SI o NO es siempre odiosa. Estoy a favor del libre albedrío. Dependiendo las circunstancias, con adecuada educación sexual y profilaxis, y contención de la mujer, lo avalo”.

Finalmente, Lopetegui se mostró conforme con el debate y aseguró que «es un tema muy sensible y que tiene muchos matices y gradientes. Espero que el debate sea inteligente y no simplista, tal como lo han tenido todos los países avanzados. Yo personalmente estoy a favor de la despenalización».

El veto de Macri a la ley de aborto no punible.

Como jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri vetó la ley que regulaba los casos de aborto no punible en la Ciudad. La normativa había sido sancionada por la Legislatura en septiembre de 2012 y fue vetada al mes siguiente por el ahora Presidente de la Nación.

La ley regulaba los casos de aborto no punible cuando corriera riesgo la vida o salud de la mujer, cuando el embarazo proviniera de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad. Además, no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para llevar adelante el aborto.

La ley 4.318 fue aprobada por la Legislatura en septiembre de 2012 con 30 votos a favor y 29 en contra. Establecía que los hospitales públicos y privados debían realizar la interrupción legal del embarazo en los casos en que se afecte la salud de la mujer o como consecuencia de una violación, sin más requisitos que la voluntad de la mujer y en un plazo de cinco días. Además, prohibía que se interpongan “obstáculos médicos, burocráticos o judiciales para acceder a la prestación”.

(Fuente: Política Argentina)

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