En primer lugar, el proyecto implica la exención durante dos años del pago del Impuesto a los Bienes Personales para aquellos que realicen inversiones destinadas a la construcción de nuevos inmuebles. Al mismo tiempo, se les otorgaría un crédito fiscal para computar contra dicho tributo, equivalente al 1% del desembolso efectuado.
Además, también propone el diferimiento de los pagos por el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto sobre Transferencia de Inmuebles hasta al momento de percibir los ingresos por la inversión, adecuando el monto imponible a su evolución en términos reales.
La letra chica indica que «el pago del impuesto proceda cuando los titulares perciban una contraprestación en moneda nacional o extranjera; cuando cedan o transfieran a cualquier título la participación, derechos o similares que poseen en aquellos; o cuando se produzca la finalización de la obra o se adjudique la unidad, lo que ocurra en primer lugar».
Por último, la medida establece «por un tiempo limitado un régimen de declaración voluntaria de activos para las personas humanas, sucesiones indivisas y sociedades de capital. Dichos fondos pagarán un único tributo con alícuota creciente en el tiempo, gozando de un conjunto de beneficios tributarios y de acciones judiciales y administrativas».
Con esta iniciativa, el Poder Ejecutivo busca que el ahorro se canalice en inversión productiva, promoviendo el rol del mercado de capitales para el financiamiento.
«Estos proyectos son fruto del diálogo entre el Gobierno Nacional, el sector privado, los sindicatos, legisladoras y legisladores. Agradeceremos el acompañamiento del Congreso de la Nación en estas iniciativas que contribuirán a una economía más pujante», sostuvo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de twitter.
En paralelo, se mandó un segundo proyecto de ley que busca atender el déficit habitacional, facilitando el acceso al crédito hipotecario y protegiendo a los propietarios e inversores ante descalces entre salarios e inflación.
Cabe recordar que la construcción, una actividad intensiva en empleo y que suele tener un efecto dominó para el desarrollo de otras actividades, se desplomó un 31,8% en los primeros ocho meses del año respecto del mismo período del 2019, en el marco de una recesión que ya acumula dos años y medio.