BUENOS AIRES. El gobierno que encabezan el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Kirchner, aplicará en Marzo del año entrante un aumento generalizado de las tarifas de luz y gas que oscilará entre el 17 y el 20 por ciento. Esa decisión es independiente de la segmentación que sigue enredada en discusiones técnicas y que el gobierno intentará aplicar a lo largo del 2022, con la pretensión de que los usuarios de mayores ingresos paguen tarifa plena. Es decir, sin subsidios a la energía.
De acuerdo con LPO, son dos decisiones independientes. Por un lado, el aumento generalizado, lo aplicarán en Marzo por única vez en el año. Es un incremento muy por debajo de la inflación proyectada, pero representa el doble del concretado este año. El aumento de este año, fue del 9%, por supuesto en el año electoral.
Este sinceramiento de las tarifas, sería un gesto hacia el FMI, con el que el gobierno de Alberto y Cristina, buscan cerrar un acuerdo para el refinanciamiento de la deuda externa.
“El congelamiento del 2020 fue excepcional, por la actividad totalmente parada por la pandemia. Al año siguiente concedimos un aumento del 9% y el que viene se duplicará”, señalaron las fuentes de LPO este miércoles.
Además de reducir los subsidios, el gobierno estaría buscando que las distribuidoras empiecen a recomponer su situación económica y financiera. Los rojos de las distribuidoras provinciales como EMSA (Energía de Misiones SA) generan deudas siderales por impagos a la mayorista Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
Al inicio del 2021, la deuda de todas las distribuidoras con Cammesa ascendía a los 130.000 millones de pesos. En el Gobierno no quieren hablar de números, pero estiman que el ahorro fiscal por la suba tarifaria más lo que se pueda implementar de segmentación no alcanzará a 1 punto del PBI (Producto Bruto Interno). Sin embargo, el recorte en los subsidios energéticos, es una condición para el acuerdo con el FMI.
En tanto, el capítulo de la demorada segmentación que prometen aplicar a lo largo del año, no está tan claro. Por ejemplo, no se sabe cual será la línea de corte a partir de la cual se cobrará tarifa plena. Tampoco está claro como se armará la base de datos para determinar con certeza los ingresos de los hogares. Una tarea compleja que podría requerir violar el secreto fiscal. Como sea, los entes reguladores ya aportaron a Economía y la Secretaría de Energía documentos técnicos para avanzar en la segmentación.