Pequeños productores están dejando de realizar plantaciones forestales por incumplimiento histórico del pago de planes de parte de la Nación. Esta sangría podría provocar serios inconvenientes en el abastecimiento de la materia prima en las próximas décadas en Misiones. De acuerdo a Hugo Escalada, director del Instituto Forestal Provincial (Infopro), tal situación también genera desconfianza en el sector hacia otros planes, como el anuncio realizado el martes desde Nación de plantar cien millones de árboles en el país.
La deuda a plantadores de pino asciende a 400 millones, según estimó Juan Gauto subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia. Además detalló cómo se produjo la baja de plantaciones y la esperanza de conseguir fondos a través del Seguro Verde, destacado por Jaime Ledesma.
Los números son contundentes ya que hay una deuda reconocida por unos 700 millones de pesos en el país en el marco de la Ley 25.080. En lo que respecta a este año, se ejecutó entre enero a noviembre unos 56 millones de pesos en todo el país. De ese total, para Misiones se aprobaron resoluciones de pagos por $21.698.174, según dio a conocer a fines de noviembre el director nacional de Desarrollo Forestoindustrial, Daniel Maradei.
Tal preocupación ya había sido trasmitida en octubre por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En un documento advirtió que las leyes de promoción de plantaciones forestales (Ley 25.080) y la conocida Ley de Bosques (Ley 26.331) vigentes se encuentran desfinanciadas. Cuando el presidente Alberto Fernández participó de la reunión de la COP 26 en Glasgow, para avanzar en los compromisos globales para reducir los gases de efecto invernadero, también se había recordado la vigencia de la ley 25.080 desde hace 20 años, pero por falta de financiamiento y de inversiones industriales no se cumplían los objetivos. Como se recordará, dentro del Acuerdo de Paris, el país se comprometió a lograr un patrimonio de plantaciones forestales de 2 millones de hectáreas para el 2030, con un aumento de 700.000 hectáreas sobre la superficie actual de 1,3 millones.
El otro factor, como mucha incidencia, es la desilusión provocada a pequeños plantadores porque se venía registrando un precio sumamente bajo para la compra de madera a los pequeños plantadores, según consignó Escalada. Indicó que a través del Infopro se logró ir revirtiendo esos precios deprimidos.
“Porque el productor vendiendo a esos precios no tenía posibilidades de volver a plantar, porque no le generaba ingresos para reponer la producción. Eso hizo que en diez o doce años se nos haya ido del sector productivo forestal centenares de productores, que se pasaron al cultivo de la yerba, al maíz o ganadería”, dijo.
Expresó que ahora cuesta mucho que estos productores vuelvan a plantar. “La mejor manera de frenar esta sangría o diáspora era asegurarle al productor un precio que sea sostenible en el tiempo. A través del Infopro ahora se actualizan los precios cada seis meses y se brinda un estudio donde el productor puede salvar los costos y tiene entre un 5 a 10% de rentabilidad”, señaló.
Recordó que el sector necesita tener certeza porque recién a los 7 años puede hacer la primera poda que es el raleo y otros 7 años para poder cortar el árbol; por lo que necesitan 14 años de previsibilidad que hay que darle al productor”.
La deuda
Respecto a la ley 25.080 indicó que es una cuestión que se viene discutiendo hace mucho tiempo porque no se termina de ejecutar los presupuestos que se fijan. “Se fijan montos a nivel nacional y terminan ilusionando a mucha gente que presentan sus carpetas y adhirieren al sistema y después los pagos no llegan o se les niega la capacidad técnica, porque supuestamente las carpetas están mal presentadas o no llegan los fondos completos. Esto hizo que se fuera destruyendo la confianza en el productor”.
Comentó que justamente el sector forestal surgió a partir de una decisión del Estado, cuando se definió que el país necesitaba madera propia porque se estaba importando. En ese marco, para poder incentivar, empezaron a salir leyes que favorecía la plantación; primero la ley de degradación impositiva, es decir en reemplazo de pagar impuestos se plantaban árboles y luego, apareció la ley 25.080,.
“Por la crisis económicas, entró en declive, con menos fondos y se fueron incumpliendo. Entonces el grande sigue plantando porque tiene de dónde sacar, pero el chico empezó a dejar de plantar; porque cuando había plantado no tenía un precio justo y opta por dedicarse a otra actividad, luego de hacer tala rasa de la plantación”, subrayó.
Contó que en algunos casos conoció a productores que ofrecían toda la materia prima de manera gratuita para que sacaran los pinos plantados, con la única condición que dejaran la tierra en condiciones de hacer otras plantaciones.
“Con qué aliciente se puede volver a convencer a ese productor que vuelva a apostar a plantar pinos”, se preguntó.
Por eso indicó que el pequeño o mediano producto fue abandonando progresivamente este tipo de plantaciones.
Como muestra de que ello viene sucediendo, precisó que en Misiones hay tres grandes viveros en la provincia, que fueron vendiendo los plantines en gran medida a las grandes empresas y cada vez menos a los pequeños productores.
La contracara
De esta manera, Escalada indicó es la contracara del sector forestal “que está en el mejor momento de su historia”, en referencia al sector industrial. “Están trabajando a doble turno en muchos aserraderos, tienen comprometidas entregas de productos para los próximos cinco meses”.
Pero ocurre a la inversa “con el productor primario, el que planta y genera esa materia prima para ser industrializada esta viviendo su peor momento, con precios deprimidos donde vendían la producción y no volvían a plantar. Lo que estamos tratando desde el Instituto es requilibrar la ecuación, no solo por estricta justicia -porque el productor se merece por lo que hizo- sino para que los propios industriales en el día de mañana sigan teniendo materia prima”.
Gauto y Ledesma, también se refieren al financiamiento
El subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones, Juan Ángel Gauto estimó que la deuda actual a plantadores de Misiones a través de la ley 25.080 ronda los 400 millones de pesos. Son planes estimados a pagar en el 2021/2022. Allí están incluidos 247 productores beneficiados.
También compartió un trabajo de 382 aserraderos o forestadores, de los cuales 206 no tienen forestaciones, otros 145 cuentan con forestaciones y otros 31 no cuentan con datos.
El estudio que compartió Gauto da cuenta que la plantación de 13.517 hectáreas en el 2015, bajó en los siguientes años en 12.287 (2016), a 11.806 (2017), 11.416 (2018), 10.236 (2019) y bajar el año pasado a 9.964.
Desde esa cartera se pide extender el plazo de vigencia en el artículo 25 de la ley 25.080, por el término de 10 años hasta el 15 de enero del 2029.
“Cabe mencionar que la provincia está apoyando fuertemente el Proyecto de Ley Seguro Verde –Prosas-, a los efectos de poder contar con las partidas presupuestarias necesarias para saldar la deuda pendiente y para el pago de los futuros emprendimientos que se presenten en el marco de la ley”, indica el estudio compartido por Gauto.
El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, Jaime Ledesma también dio a conocer sobre el proyecto Prosas, iniciativa del senador Maurice Closs con media sanción en el Senado, para financiar la ley 25.080.
“Una iniciativa legislativa que, sin dudas, favorecerá al desarrollo forestal sostenible del país, de la región Mesopotámica y, en particular, de nuestra Provincia”.
Entiende que “garantizará el financiamiento del régimen de promoción forestal y contribuirá a cumplimentar la situación de los pagos de los expedientes de la generados en el marco de Ley 25.080, prorrogada por las Leyes 26.432 y 27.48”.
Ledesma también recordó datos de la subsecretaría de Desarrollo Forestal de la Provincia entre 2015 y 2019, periodo en que se plantaron 55.563,71 hectáreas y se hicieron tala rasa por 57.632,88 hectáreas.