Piden informes por el destino de la millonaria recaudación que afecta la grilla de costos de los pequeños productores. Bárbaro y Britez acuerdan una agenda conjunta de reuniones con funcionarios nacionales por éste y otros temas vinculados al agro.
A cinco años de la vigencia del Convenio de Corresponsabilidad Gremial para la yerba mate, el pago de la tarifa sustitutiva sigue siendo un peso sobre las espaldas de los pequeños y medianos productores yerbateros, mientras que la mitad de los trabajadores tareferos continúa en negro. Se calcula que son necesarios 16 mil tareferos para la cosecha manual de los 800 millones de kilos de hoja verde que se producen en promedio cada año, pero solo 7800 se encuentran registrados.
Así las cosas, “claramente no se cumple el objeto de la Ley Nº 26.377 que posibilita este tipo de convenios creados para facilitar el blanqueo. Hay un aporte importante de los productores mediante el pago de la tarifa sustitutiva, pero en la práctica no se están dando los resultados esperados y no es culpa de los productores precisamente” explicó el diputado nacional por Misiones Héctor “Cacho” Bárbaro (Frente de Todos-Pays), quien junto a la diputada nacional Cristina Brítez (Frente de Todos) mantendrán una agenda conjunta con funcionarios nacionales por éste y otros temas vinculados al sector productivo.
Bárbaro explicó que la corrección de estas asimetrías es prioritaria ya que, mientras el pequeño y mediano productor yerbatero sostiene el Convenio de Corresponsabilidad Gremial con el pago de la tarifa sustitutiva, “sus propias familias quedan desprotegidas porque no tienen acceso a una buena obra social. Son los que generan esta riqueza y a la vez, si se enferman no tienen cobertura”, agregó.
El legislador elaboró un pedido de informes al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para conocer la cantidad de personas registradas bajo el Código 994 (trabajador temporario – CCG Yerba Mate Misiones y Corrientes) al momento de la vigencia del convenio en mayo de 2015, y trabajadores registrados en la actualidad”. También precisa conocer sobre “importes recaudados en el marco del Convenio y su distribución a los distintos subsistemas de la Seguridad Social”, entre otros datos.
Paralelamente, mantendrá reuniones con referentes de UATRE y Osprera para saber si es verdad que los aportes que reciben, en realidad sostienen los gastos médicos de otros trabajadores no comprendidos en el Convenio de Corresponsabilidad Gremial. “Existe la sospecha de que molineros y otros grandes de la cadena estarían evadiendo sus obligaciones fiscales y patronales al registrar a sus empleados como tareferos. Esto tiene que dilucidarse de una vez” finalizó.