A las 3.10 del 24 de marzo de 1976 el general José Rogelio Villarreal oficializó el golpe de Estado al comunicarle a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, ‘Isabel’: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada».
Desde ese día y hasta el 10 de diciembre de 1983, las Fuerzas Armadas, apoyadas por poderosos sectores de la sociedad civil, instauraron una política de terror, para lo cual implementaron un plan sistemático de exterminio y desaparición de personas.
Los comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar.
Cinco días después, Videla se proclamó presidente y las primeras medidas que dispuso fueron la clausura del Congreso y de todas las Legislaturas provinciales y municipales, el reemplazo de todos los miembros de la Corte Suprema por jueces adictos al nuevo régimen, el allanamiento e intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política y la censura previa sobre todos los medios de comunicación.
Los ministerios, con excepción del de Economía y el de Educación, fueron ocupados por militares.
Los comandantes generales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, se invistieron como los nuevos titulares del Ejecutivo al conformar la Junta Militar
Los gobiernos provinciales también fueron repartidos en su mayoría entre uniformados de las tres fuerzas y lo mismo hicieron con los canales de televisión, que fueron adjudicados con ese criterio.
Bajo el argumento de la existencia de un enemigo interno, las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saquearon al país endeudándolo en una dimensión desconocida hasta el momento, con la anuencia del Fondo Monetario Internacional, y desplegaron una política económica que desindustrializó la estructura productiva y profundizó la pobreza y el hambre, mientras que la resistencia era exterminada bajo la creación de no menos de 700 centros clandestinos de detención, tortura y desaparición.
Todo el aparato del Estado estuvo al servicio del terror planificado y sistemático, institucionalizando el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas.
Frente a este escenario, fueron los organismos de derechos humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo a la cabeza, junto a sectores del movimiento obrero, los actores sociales que expresaron una voz que denunciaba a la dictadura.
Las Fuerzas Armadas violaron todos los derechos, saquearon al país endeudándolo en una dimensión desconocida
Mientras las Madres y Abuelas reclamaban por la aparición con vida de sus hijos y por la recuperación de sus nietos apropiados, los sindicatos llevaron adelante más de 300 protestas entre 1976 y 1979.
Luego, tras la debacle económica del 80 y la derrota en la Guerra de Malvinas, los militares y sus socios civiles se autoamnistiaron y estatizaron sus gigantescas deudas privadas.
Fue la dictadura más atroz que vivió la Argentina, se extendió por más de siete años y tuvo como consecuencia la desaparición de 30.000 personas, 500 bebés apropiados y miles de exiliados.
Con la llegada de la democracia, las fuerzas políticas y las organizaciones de Derechos Humanos comenzaron a organizar movilizaciones en la calle para recordar cada 24 de marzo.
La primera iniciativa se produjo en 1984 en Rosario, donde asistieron unas 700 personas que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Deliberante, por la peatonal.
En 1985 fueron las Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por Hebe de Bonafini, las que empezaron a marchar cada 24 de marzo, aunque en esa primera oportunidad la movilización se realizó el 21 de marzo de aquel año.
Nueve días después comenzó el Juicio a las Juntas, que estuvo a cargo de la Cámara Federal de la Capital que integraban los jueces León Arslanian, Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.
Luego, tras los levantamientos carapintadas, llegaría la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Todo el aparato del Estado estuvo al servicio del terror planificado y sistemático
Ambas leyes causaron un enorme retroceso en los procesos judiciales y estuvieron coronadas por el indulto establecido en los ’90, ya por el entonces presidente Carlos Menem.
Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes a las que se definía como ‘leyes de impunidad’, se abrió un camino para la reactivación o directamente la apertura de los juicios por causas de lesa humanidad.
Esos juicios incluso se ampliaron y hasta el día de hoy permiten conocer detalles del horror ocurrido en la Argentina durante el período 1976-1983.
El 24 de marzo fue una fecha clave desde el retorno de la democracia y la instalación de ese día como feriado nacional se produjo a partir de la sanción de la Ley 26.085 en el año 2006, que lo declaró Día Nacional por la Memoria, Verdad y Justicia.
Esta norma intentó ser manipulada luego, en el año 2017, por el expresidente Mauricio Macri, quien dictó un decreto estableciendo la movilidad de ese feriado, una decisión que fue rechazada de plano por los organismos de derechos humanos.
Once días después, ante el rechazo de la sociedad civil en su conjunto, Macri debió revocar su disposición por otro DNU.
Las Madres y Abuelas reclamaban por la aparición con vida de sus hijos y por la recuperación de sus nietos apropiados
Un retroceso similar ocurrió, pero en este caso protagonizado por la Corte Suprema, luego de que el máximo tribunal aplicara el criterio del ‘2×1’, el 3 de mayo de 2017, en el llamado fallo Muiña, por el cual se computaba doble el tiempo que hubieran estado detenidos los represores condenados por delitos de lesa humanidad antes de tener sentencia firme.
Un año más tarde, tras movilizaciones multitudinarias que repudiaron lo que fue considerado como un retorno de la impunidad, la Corte revirtió con un nuevo fallo lo que había resuelto antes y estableció que las condenas en crímenes de lesa humanidad no pueden ser reducidas con el beneficio del ‘2×1’.