El Gobierno buscará este jueves la media sanción del proyecto que modifica las jubilaciones de privilegio para jueces y diplomáticos. Desde Juntos por el Cambio adelantaron que no aportarán el quórum para la sesión prevista para este mediodía que se llevará a cabo en la Cámara de Diputados.
Tras una extensa jornada de debate y tensas negociaciones, el Frente de Todos logró -con el respaldo de algunas bancadas opositoras- el dictamen de mayoría para tratar el proyecto de reforma de jubilaciones de privilegio, y rechazó las modificaciones que planteó Juntos por el Cambio.
En el plenario de las comisiones de Previsión Social y de Presupuesto que se llevó a cabo este miércoles expusieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el director de Anses, Alejandro Vanoli, y representantes de las asociaciones de magistrados y de los trabajadores. Allí el oficialismo decidió que no incluirá la “cláusula transitoria” pedida por Juntos por el Cambio por el cual los jueces y funcionarios judiciales mantienen los beneficios jubilatorios actuales aún sin el trámite iniciado pero con los requisitos establecidos por la ley vigente, y que se propuso “para evitar que haya un éxodo masivo de magistrados y sobrevenga la anomia en el Poder Judicial”.
“Quienes den quórum serán cómplices de esta maniobra, si no aceptan la cláusula es claro que solo van por el Poder Judicial”, denunció Cambiemos a través de un comunicado. De todas maneras, con la concurrencia de la mayoría de los integrantes del interbloque Federal, de parte de Unidad para el Desarrollo, del Movimiento Popular Neuquino y de la izquierda, el Frente de Todos cuenta con el quórum asegurado para dar inicio a la sesión prevista para este mediodía.
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El oficialismo impuso su dictamen con las firmas de sus diputados nacionales, la del peronista cordobés Pablo Cassinerio del Interbloque Federal, y del misionero Diego Sartori, que lo hizo en disidencia. Por su parte, Juntos por el Cambio, la izquierda y el mendocino José Ramón firmaron tres dictámenes en minoría.
Fue el propio Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos, quien le comunicó a su par de Cambiemos, Mario Negri, la negativa a incluir las modificaciones planteada por el principal espacio opositor. Horas antes, Negri, Cristian Ritondo y Maximiliano Ferraro se habían reunido con Kirchner y Sergio Massa, en la oficina del presidente de la Cámara Baja, para insistir la inclusión de la “cláusula transitoria”, que finalmente el oficialismo rechazó.
Tras la reunión, Massa partió a San Juan donde se reunió con el gobernador Sergio Uñac. Allí, el diputado sostuvo que “el sistema de jubilaciones especiales le da pérdida al Estado. Los regímenes especiales deben ser autosustentables, no tienen que ser producto del esfuerzo de todos los argentinos», agregó.
“Es momento de que todos hagamos un esfuerzo para poner a la Argentina de pie. Necesitamos que el Estado invierta en infraestructura y no en pagar jubilaciones de 800.000 pesos”, remarcó Massa.
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Más allá de los cuestionamientos de Cambiemos, el ministro Moroni explicó que el Gobierno no está planteando “eliminar los sistemas de protección de los jueces”, e informó que “se pagan 15 mil pesos a los haberes mínimos, de esos mismos recursos tenemos que estar detrayendo 10 mil millones de pesos para solventar las jubilaciones de los jueces”. Por su parte Vanoli calificó el proyecto como “un modesto avance” para disminuir las asimetrías dentro del sistema jubilatorio, detallando que las jubilaciones de jueces y diplomáticos resultas “deficitarias”.
“Son innumerables los magistrados que al cumplir los 60 años y cumpliendo los requisitos necesarios iniciaron el trámite de jubilación, han obtenido el beneficio y suspendieron hasta el momento que ellos deciden cesar (su trabajo). Los que no hicieron ese trámite pero hasta el día anterior a la promulgación de esta ley cumplen con los requisitos de la ley actual vigente, conservarán sus derechos. No están afectados”, resaltó el secretario de Seguridad Social de la cartera de Trabajo, Luis Guillermo Bulit Goñi.
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Después de la exposición de los funcionarios del Ejecutivo fue el turno de los representantes de las asociaciones de magistrados, de fiscales y del servicio exterior, y de los empleados judiciales: Marcelo Gallo Tagle, Alberto Lugones, Raúl Pleé, Julio Piumato y Marta Insausti de Aguirre fueron algunos de los expositores. Tanto Pleé, en representación de los fiscales, como Lugones, presidente del Consejo de la Magistratura, hicieron hincapié en que con la entrada en vigencia de la nueva ley quedarían en más del 50% las vacantes, y exigieron que “se avance con parámetros de razonabilidad”. “No hemos tenido un privilegio, hemos tenido un aporte diferenciado. Este tema merece algo más que una discusión de 24 horas”, dijo Pleé.
Para Juntos por el Cambio “el proyecto del Poder Ejecutivo es el corolario de un proceso que busca avasallar el Poder Judicial. El oficialismo pretende garantizar la impunidad mediante las teorías de Lawfare, el proyecto para modificar las prisiones preventivas en casos de corrupción, la intervención del Poder Judicial de Jujuy y la desarticulación del sistema de testigos protegidos”, denunció el bloque el miércoles a última hora.
En el marco de los consensos logrados para avanzar con el proyecto, el Frente de Todos propuso que no se modifique la edad de las mujeres, como establece la iniciativa del gobierno nacional, con lo cual solo se subirá gradualmente la edad de los hombres de 60 a 65 años. Además de esa reforma se aceptó incluir otra modificación sobre los años de aportes que necesita un magistrado para acceder a este sistema jubilatorio especial para los jueces, fijándolos en 10 continuos o 15 discontinuos, en lugar de los 20 que establecía el proyecto original.